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Linea Negra
10/06/2019 | Una verdad inconveniente
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado su segundo estudio del proceso de revisión del gasto público (spending review) dedicado al gasto farmacéutico. Es un informe importante, que ha desvelado información que no se conocía públicamente y que nos ayuda a entender mejor cómo funciona el país.

Hay consenso (España tiene la sanidad más eficiente de Europa, según Bloomberg, y una de las 10 más eficientes del mundo, según un informe de Mapfre) en torno a la legitimidad y eficiencia de nuestra sanidad pública. Es un sistema de planificación descentralizado que, en términos generales, ha resultado exitoso porque creemos que ha logrado capturar para el Estado la mayor parte de las plusvalías que en otros modelos se llevan otros actores: profesionales, proveedores, fabricantes... Muchos elementos intervienen en esto: por ejemplo, nuestra cultura ante las negligencias médicas. Son raras en España las indemnizaciones que en EEUU han elevado los costes del sistema.

Sin embargo, la planificación genera zonas de sombra. Nuestro gasto sanitario está alineado, pero en cambio el gasto público en medicamentos con receta es más elevado y empleamos menos genéricos que nuestros países de referencia. La AIReF estima que este hecho diferencial equivale a más de 1.000 millones de euros al año. Una ineficiencia importante en un sistema aparentemente virtuoso.

Importante e irritante, porque en un modelo como el español, otros actores -médicos, enfermeros, limpiadores, proveedores de equipos y material- podrían invocar un agravio y reclamar para sí ese diferencial.

El informe ha molestado a los laboratorios y a los farmacéuticos, sobre todo porque propone extender a todo el país el modelo andaluz de subasta que, según AIReF, ha supuesto un ahorro de 560 millones entre 2012 y 2017. Una de las críticas ha sido descalificar a la AIReF y a los autores del documento. Si queremos un debate de calidad, hay que ofrecer evidencia, sobre todo en un área que trabaja tan cerca de la ciencia.

Los consultores de AIReF pidieron a distintos actores que presentaran sus argumentos. Algunos ni siquiera lo intentaron o facilitaron información imposible de analizar. Esto demuestra nuestra incapacidad de argumentar, una habilidad que el oscurantismo no fomenta.

De las objeciones que se presentaron a la subasta hubo dos que AIReF contrastó: una sostenía que el mecanismo generó desabastecimiento de fármacos y otra que dañó la rentabilidad de las farmacias más pequeñas. AIReF ha demostrado que el desabastecimiento fue de poco más del 1%, pero empresas del sector del genérico dicen que llegó a ser del 40%, aunque no entregaron pruebas de lo que afirman.

Respecto de la rentabilidad, AIReF consiguió los datos de la Agencia Tributaria y estos demuestran que los márgenes se estrecharon en Andalucía más que en otras comunidades autónomas (ganan un punto porcentual menos que en el resto de España), pero esto ha afectado sobre todo a las grandes farmacias que eran las que se beneficiaban de mayores descuentos. El porcentaje de farmacias que cierra en Andalucía no es más alto que en otras autonomías.

Los laboratorios farmacéuticos son un sector muy dinámico, cuyos accionistas son fondos de inversión que compran deuda española. Este factor convenció a Cristóbal Montoro en 2012 de que había que aprobar la Ley de Pago a Proveedores ante retrasos en los pagos que sumaban 6.400 millones. Hablamos de una industria global que se mueve bajo principios de libre mercado y competencia. La rara debería ser España, con su monopsonio estatal en los medicamentos.

Por eso resulta extraño que la industria rechace tajantemente la introducción de un mecanismo de mercado como la subasta, ya que el Estado, que controla todo el sistema de autorización de precios de los medicamentos, podría fijarlos directamente más bajos. La razón última del malestar es que nuestra institucionalidad constituye un equilibrio de intereses que AIReF ha puesto en cuestión.

La manera de prescribir es clave. Hace años que los médicos de algunas comunidades dejaron de recetar el genérico y su marca. Ésta quedó al albur del farmacéutico. Esto trasladó el interés de la industria desde el facultativo al farmacéutico. Como las marcas de cerveza con los bares, los laboratorios seducen a las farmacias. El informe de AIReF lo que hace es poner de manifiesto una situación que Andalucía percibió hace años: el Estado desea apropiarse de los descuentos que los laboratorios hacen a las farmacias. De la misma forma que al impedir la prescripción por marca se reducen las invitaciones a congresos médicos en el Caribe.

Por eso una de las propuestas más importantes de AIReF no es sólo la subasta, sino que se extienda a toda España la prescripción por principio activo. Y se requiere, también, mayor transparencia en instituciones que juegan un papel clave y que pueden ser objeto de captura del regulador. Es el caso de la Dirección General de Farmacia, donde se elaboran los expedientes individuales con el preceptivo análisis coste-beneficio para tomar la decisión de si un fármaco se financia o no por el Estado y a qué precio. La AIReF apenas consiguió acceder a una veintena de esos expedientes y tuvo que recurrir a la abogacía del Estado para lograrlo. El subdirector general de Farmacia que más obstáculos puso en su momento a la entrega de esa documentación es hoy uno de los asesores de Farmaindustria que más ha criticado el informe final.

Dado que la campaña contra la subasta andaluza triunfó y el nuevo gobierno regional anunció en marzo que la quitará, el sector, que creía ganada esa batalla, ve ahora cómo la subasta resucita para ganar un lance después de muerta.

El trabajo de AIReF debe ser analizado con cuidado. Hay muchas más preguntas económicas que hacerse. ¿Estamos seguros de que la subasta andaluza no se estaba beneficiando del hecho de que precisamente las demás comunidades autónomas no tenían subasta? ¿No distorsionará el poder monopsónico del Estado la situación hasta anular la rentabilidad razonable que merecen la industria y las farmacias? ¿Puede ser que haya partes del proceso administrativo que hayan sido capturadas por intereses concretos?

Este documento -y aún quedan cinco más- debe ser acogido por los ciudadanos con espíritu reformista como un valiosísimo aporte que debe ayudarnos a mejorar las cosas.

johnmuller.es@gmail.com
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